El 17 de julio de 1936 el dirigente socialista Indalecio Prieto, escribía en El Liberal, de Bilbao, su habitual artículo, titulado en esta ocasión Reflexiones de la hora.
Madrid, 16.―Los ciudadanos de un país civilizado ―perdóneseme la redundancia, porque en un país sin civilizar no existe ciudadanía― tienen derecho a la tranquilidad, y el Estado, tiene el deber de asegurarla. Hace ya algún tiempo ―¿a qué vamos a engañarnos?― que los ciudadanos españoles se ven desposeídos de ese derecho porque el Estado no puede cumplir el deber de garantizárselo. Cuando la intranquilidad proviene de elementos sociales sobre los que carece de control directo el Gobierno, la protesta contra ella no hiere tan hondamente a los gobernantes como cuando la intranquilidad se produce por la agitación de organismos adscritos al servicio estatal. En este último caso, el desasosiego público resulta francamente intolerable, y más todavía si lo ocasionan individuos de institutos armados.
La fuerza pública ha de estar sometida en todo instante a las órdenes del Gobierno, bueno o malo, perfecto o defectuoso, como sea. A ella no le incumbe medir la capacidad o incapacidad de los Gobiernos, ni le es lícito acogerlos con distintos grados de simpatía. La fuerza pública, en tanto no se la invite a salirse de la órbita legal, ha de estar sometida incondicionalmente a quienes gobiernen. Otra conducta equivale a seguir caminos de anarquía.
Del mismo modo que la Historia llega a justificar las revoluciones del paisanaje, puede aprobar las insurrecciones militares cuando unas y otras concluyen con regímenes que, por cualquier causa, se hayan hecho incompatibles con el progreso político, económico o social exigido por los pueblos. Pero la Historia no aplaudirá jamás en el elemento civil el desorden constante, ni en el elemento militar la indisciplina continua porque ni ese desorden ni esa indisciplina son factores verdaderamente revolucionarios.
España vive un período ya excesivamente largo de trastornos, que tienen su origen en perturbaciones de esa clase en uno y otro sector. Con que tales perturbaciones sólo existieran en uno de los campos, sería ya bastante para que su mantenimiento indefinido fuera dañosísimo; pero si persisten simultáneamente en ambas zonas, resulta del todo irresistible. Hay enfermos cuya dolencia no es mortal, pero la fiebre producto de la dolencia les consume. España está en este caso. La temperatura febril que padece la está aniquilando. ¿No hay modo de hacerla remitir?
A la generación que le ha tocado vivir época tan agitada no le es fácil, atenta como se halla al incidente de cada día, apreciar en conjunto, panorámicamente esta descomposición. Eso lo podrán apreciar mejor que nosotros las generaciones venideras, cuando la Historia agrupe los sucesos, no sólo por su orden cronológico, sino también por su carácter. Quizá entonces se advierta que al período presente de la vida española, en el que tantas cosas están en crisis, hay que señalarle como punto inicial el año 1917, cuando nacieron las Juntas militares de Defensa.
Para la Historia, ese será un jalón. Para el periodismo —historia al menudeo, en que los acontecimientos grandes aparecen envueltos y casi ocultos entre nubes de sucesos chicos—, el jalón lo clavaríamos nosotros en el 16 de abril último, cuando el famosísimo entierro del alférez de la Guardia civil.
La postura de Indalecio Prieto que aquí se observa ofrece un cambio drástico respecto a la que ha manifestado (tanto él como los restantes dirigentes de todo el arco político de la Segunda República) en las sesiones de Cortes y de la Diputación permanente en los meses anteriores, al tratar del problema del orden público: ahora, se avizora ya el inicio de la guerra civil.
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