Tras la anticipada y fracasada sublevación de Jaca, en diciembre de 1930, sobre la que reprodujimos en su día las crónicas publicadas por el diario conservador ABC, los intentos de recuperación de la normalidad constitucional se deslizaron velozmente hacia la caída de la monarquía. El desistimiento de las izquierdas y derechas liberales, simbolizadas por Santiago Alba y Rafael Sánchez Guerra, tras la caída del gobierno Berenguer, supuso el reforzamiento definitivo de los elementos republicanos y socialistas, un buen número de ellos encarcelados a la espera del enjuiciamiento de sus responsabilidades por la sublevación. Uno de estos políticos, que se harán con el poder el 14 de abril, fue Miguel Maura, que escribe lo siguiente en su Así cayó Alfonso XIII:
«Habían sido juzgados y ejecutados los dos jefes más directos de la sublevación de Jaca, pero quedaba aún por verse la causa contra otros elementos militares que habían tomado parte en ella. Uno de los encartados, el capitán Sediles, estaba muy comprometido en el alzamiento, y el fiscal pedía la pena de muerte para él. El día 13 [de marzo] se celebró el consejo de guerra. Y, en efecto, se condenó a Sediles a la última pena, a otro capitán a reclusión perpetua, y a penas menores a dos oficiales y a un sargento. Así que fue conocido el fallo, los estudiantes y las organizaciones obreras pusieron el grito en el cielo exigiendo el indulto. No necesitaron esforzarse. Con antelación al propio consejo de guerra, el Gobierno ya había deliberado sobre el caso y acordado, por anticipado, que serían indultados los encausados sobre los que recayese la pena de muerte. Sin más trámites y sin conocer siquiera la sentencia aún inedita. Claro es que este apresuramiento contribuyó no poco a inspirar alientos y confianza a los revoltosos de aquellas jornadas.»
Y más adelante: «En ese ambiente francamente revolucionario y, además, de rebeldía general y de relajo máximo de la autoridad, fue señalado el día 20 para la celebración del consejo de guerra que había de juzgar al Comité encarcelado desde diciembre. El hecho de figurar entre los encartados don Francisco Largo Caballero, consejero de Estado, atribuía la jurisdiccional Consejo Supremo de Guerra y Marina. Presidía este alto tribunal el general Burguete, hombre de ideas avanzadas, muy aficionado a mostrar sus opiniones a través de diarios y revistas, e incluso de libros, y enemigo declarado, desde los tiempos de África, del general Berenguer, a la sazón ministro de la Guerra. Un hijo del general Burguete, Ricardo, había colaborado en la rebelión de diciembre, y su nombre figuraba, innumerables veces, en el sumario. Y ello era conocido al detalle por nosotros. No teníamos, pues, sino dejar hacer al Presidente del Tribunal y ayudar, si era necesario, con nuestra pasividad o nuestra protesta, para que el consejo de guerra fuese, como deseábamos, un gran espectáculo revolucionario.»
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